El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares.
Ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta
1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplicará en todo el territorio español.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
3. En Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán en cuenta las especialidades previstas en su normativa específica y en esta Ley.
Art. 5. Tratados y convenios
Lo establecido en la presente Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.
SUJECIÓN AL IMPUESTO: ASPECTOS MATERIALES, PERSONALES Y TEMPORALES
Están obligados a presentar la declaración del IRPF del ejercicio 2012, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, los siguientes contribuyentes:
a) Contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio rentas superiores a las cuantías que para cada clase o fuente se señalan más abajo.
b) Contribuyentes que, con independencia de la cuantía y naturaleza o fuente de las rentas obtenidas, tuvieran derecho a deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional, o bien hayan realizado aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros de dependencia o mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten el correspondiente derecho.
c) Contribuyentes, obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del IRPF que, en su caso, les corresponda.
d) Contribuyentes no obligados a declarar por razón de la cuantía y naturaleza o fuente de la renta obtenida en el ejercicio, que soliciten la devolución derivada de la normativa del IRPF que, en su caso, les corresponda.
Esta obligación deriva de la supresión del modelo de comunicación para la solicitud de la devolución rápida destinad a en años anteriores a los contribuyentes no obligados a declarar por razón de la cuantía y naturaleza o fuente de las rentas obtenidas.
La liquidación provisional que, en su caso, pueda practicar la Administración tributaria a estos contribuyentes no podrá implicar ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación o investigación que pueda realizar la Agencia Tributaria.
1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente.
2. Componen la renta del contribuyente:
a) Los rendimientos del trabajo.
3. Se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital.
Rentas exentas en el IRPF
a) Las ganancias patrimoniales que se generen por la dación en pago de su vivienda a los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
b) El 50 por 100 de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir de 12 de mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.
c) Las ayudas excepcionales por daños personales en casos de fallecimiento y de incapacidad absoluta y permanente sufridos por las personas afectadas por los incendios forestales y otras catástrofes naturales a los que sea de aplicación el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre.
- Se modifican los requisitos para la exención de las indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores:
La exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador prevista en el artículo 7.e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adapta a la nueva reforma laboral en los siguientes aspectos:
1.- Desde el 7 de julio de 2012, para declarar exentas las indemnizaciones por despido o cese hasta la cuantía establecida como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores será necesario que estén reconocidas en acto de conciliación o en resolución judicial.
No obstante, para los despidos producidos con anterioridad a dicha fecha se mantiene la exención de las indemnizaciones reconocidas con anterioridad al acto de conciliación.
2.- A partir del 12 de febrero de 2012 para los despidos colectivos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente (33 días por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades con la aplicación, en su caso, del régimen transitorio para contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012), eliminándose además el requisito de la previa aprobación de la autoridad competente.
Régimen transitorio: Para las indemnizaciones por despido o cese que sean consecuencia de los expedientes de regulación de empleo en tramitación o con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012, aprobados por la autoridad competente a partir de 8 de marzo de 2009, se mantiene la anterior exención (indemnización que no supere 45 días de salario, por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades).
Las indemnizaciones por despido
o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter
obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de
desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de
sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud
de convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de
trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las
indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera
correspondido en el caso de que el mismo hubiera sido declarado
improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco
de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
Las prestaciones reconocidas al
contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la
sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez.
Asimismo, las prestaciones reconocidas
a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen
especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.
La cuantía exenta tendrá como límite
el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por
el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del
trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de
prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas,
en las prestaciones de estas últimas.
Las pensiones por inutilidad o
incapacidad permanente del Régimen de clases pasivas, siempre que la
lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las mismas inhabilitare
por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.
Las prestaciones familiares por
hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como las pensiones y los
haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes públicos de la
Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por
situación de orfandad.
Las cantidades percibidas de
instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con
minusvalía o mayores de 65 años y las ayudas económicas otorgadas por
instituciones públicas a personas con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100 o mayores de 65 años para financiar su estancia
en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no
excedan del doble del salario mínimo interprofesional.
Las becas públicas percibidas para
cursar estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo,
hasta el de licenciatura o equivalente inclusive.
Las anualidades por alimentos
percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.
Los premios literarios, artísticos
o científicos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se
determinen, así como los premios «Príncipe de Asturias», en sus
distintas modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.
Las ayudas de contenido económico a
los deportistas de alto nivel ajustadas a los programas de preparación
establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones
Deportivas Españolas o con el Comité Olímpico Español, en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.
Las prestaciones por desempleo
reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la
modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1.044/1985, de 19
de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, con el límite de 12.020,24 euros, siempre
que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los
casos previstos en la citada norma.
El límite establecido en el párrafo
anterior no se aplicará en el caso de prestaciones por desempleo
percibidas por trabajadores discapacitados que se conviertan en
trabajadores autónomos, en los términos del artículo 31 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
La exención prevista en el párrafo
primero estará condicionada al mantenimiento de la acción o
participación durante el plazo de 5 años, en el supuesto de que el
contribuyente se hubiere integrado en sociedades laborales o
cooperativas de trabajo asociado, o al mantenimiento, durante idéntico
plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.
Los premios de las loterías y
apuestas organizadas por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado y por las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos
organizados por la Cruz Roja Española y por la Organización Nacional de
Ciegos.
Las gratificaciones extraordinarias
satisfechas por el Estado español por la participación en misiones
internacionales de paz o humanitarias, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Los rendimientos del trabajo
percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con
los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen
para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento
permanente radicado en el extranjero.
2.º Que en el territorio en que se
realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o
análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio que
haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
La exención tendrá un límite máximo de
60.101,21 euros anuales. Reglamentariamente podrá modificarse dicho
importe.
La presente exención será
incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con
el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo
8.A.3.b) del Reglamento de este impuesto, aprobado por Real Decreto
214/1999, de 5 de febrero, cualquiera que sea su importe.
El contribuyente podrá optar por la
aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.
Las indemnizaciones satisfechas por
las Administraciones públicas por daños personales como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de
acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de
las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Las prestaciones percibidas por
entierro o sepelio, con el límite del importe total de los gastos
incurridos.
Las ayudas económicas reguladas en
el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio.
Rentas exentas en el
Impuesto sobre la Renta
Indemnizaciones por despido o cese del
trabajador
El disfrute de la exención prevista en
el artículo 7.e) de la Ley del Impuesto quedará condicionado a la real
efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presumirá,
salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en
los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a
prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a
aquélla en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que en el
caso en que la vinculación se defina en función de la relación
socio-sociedad, la participación sea igual o superior al 25 por 100, o
al 5 por 100 si se trata de valores negociados en mercados secundarios
oficiales de valores españoles.
Exención para los
rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero
1. Estarán exentos del Impuesto, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7.p) de la Ley del Impuesto, los
rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente
realizados en el extranjero, cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen
para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento
permanente radicado en el extranjero.
2.º Que en el territorio en que se
realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o
análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
2. La exención tendrá un límite máximo
de 60.101,21 euros anuales.
3. La presente exención será
incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con
el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo
8.A.3.b) de este Reglamento, cualquiera que sea su importe. El
contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en
sustitución de esta exención.
El plazo de presentación de las
autoliquidaciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2012,
cualquiera que sea su resultado, será el siguiente:
a) El comprendido entre los días 24 de
abril y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, si la presentación de la
declaración se efectúa por vía telemática a través de Internet.
b) El comprendido entre los días 6 de
mayo y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, si la presentación de la
declaración se efectúa por cualquier otro medio.
Todo ello, sin perjuicio del plazo de
domiciliación bancaria de las declaraciones que se comenta en las
páginas 21 y s. de este mismo capítulo.
Lugar y forma de
presentación
A. Contribuyentes
domiciliados en territorio español
Según el resultado de las
declaraciones del IRPF, los contribuyentes con domicilio en territorio
español deberán presentar éstas en los lugares que se señalan en el
cuadro que más adelante se reproduce, acompañando a las mismas, en su
caso, la documentación adicional que proceda.
Todo ello, sin perjuicio de la
presentación telemática a través de Internet que se comenta en el
apartado 4 siguiente.
B. Contribuyentes
desplazados fuera del territorio español
Los contribuyentes que se encuentren
desplazados fuera del territorio español, podrán presentar su
declaración y, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución
por vía telemática en las condiciones que más adelante se exponen.
En el supuesto de declaraciones a
devolver con renuncia a la devolución o negativas, las mismas pueden
enviarse por correo certificado.
Importante: en este caso, deberá
indicarse claramente en el sobre de envío cuál es la Delegación o
Administración de la Agencia Tributaria que corresponde a la residencia
habitual del contribuyente.
C. Funcionarios y
empleados públicos españoles en el extranjero
Como en el caso anterior, la
declaración se podrá presentar por vía telemática en los supuestos de
ingreso o devolución y por correo certificado, si se trata de
declaraciones a devolver con renuncia a la devolución o negativas,
dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria en
cuya demarcación territorial radique el último domicilio habitual en
España antes de ocupar el cargo o empleo por el que residen en el
extranjero.
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