Empleo estrecha el control sobre bajas laborales de la sanidad pública
- El Gobierno prepara una rebaja selectiva de las cotizaciones a la Seguridad Social
El gasto en
prestaciones por incapacidad temporal (5.830 millones previstos este año) –que
se destina fundamentalmente a pagar a los trabajadores las bajas laborales por
enfermedad– lleva varios años bajo control. Con descensos interanuales incluso
superiores al 10%. Sin embargo, en épocas de vacas flacas esto puede no ser
suficiente para quienes cuadran el Presupuesto. De hecho, el Gobierno quiere
acotar aún más este gasto. Para ello introducirá cambios en la futura ley de
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, en cierta
forma, dará más poder a los facultativos de estas entidades colaboradoras de la
Seguridad Social a la hora de gestionar estos procesos de baja, según fuentes
conocedoras de la intención del Gobierno.
Se tratará
de incluir en esta futura ley “mejoras burocráticas”, según estas mismas
fuentes, que en ningún caso incluirán la principal demanda de las mutuas que es
que sus facultativos puedan dar el alta médica de los trabajadores en los
procesos de baja por enfermedad común; ya que en la actualidad solo pueden
dictaminar este alta en las bajas producidas por un accidente laboral o
enfermedad profesional reconocida.
Pese a que,
según distintos responsables de las mutuas fue la propia Ministra de Empleo,
Fátima Báñez, la que prometió públicamente a estas entidades, ante la Junta
Directiva de la patronal CEOE, que cambiaría la ley para permitirles que sus
facultativos dieran todas las altas, esto ha quedado totalmente descartado,
según quienes redactan la ley.
A cambio la
norma sí incluirá las citadas mejoras burocráticas. Uno de estos cambios podría
no caer bien entre muchos facultativos del sistema público de salud, por cuanto
les supondrá más trabajo y más responsabilidad sobre sus decisiones en materia
de bajas laborales. Así, desde el Ejecutivo se está pensando en ampliar la
rendición de cuentas por parte de los médicos de cabecera y especialistas del
sistema público de salud a la hora de rechazar las propuestas de alta que les
hacen los facultativos de las mutuas.
Combatir el
silencio administrativo
Ahora, si a
un médico de cabecera o a un especialista de los servicios regionales de salud
le llega de una mutua una propuesta de alta de un trabajador que está de baja
por una enfermedad común, estos facultativos tienen diez días para confirmar,
denegar o guardar silencio sobre esa propuesta. Lo normal, según las fuentes
consultadas es que opere el silencio administrativo y si el médico de la
sanidad pública que debe dar el alta no contesta, el trabajador seguirá de
baja.
Esto es
precisamente con lo que quieren acabar los responsables de la Seguridad Social.
Para ello, su intención es que la futura ley obligue a los facultativos del
sistema público a considerar y justificar, en mayor medida que en la
actualidad, porqué rechazan la propuesta de alta de la mutua.
No hay
estadísticas oficiales sobre el número de altas propuestas por las mutuas a los
servicios regionales de salud o al INSS, ni hay un seguimiento de qué ocurre
con ellas. Si bien en el sector se manejan datos que indican que las mutuas
proponen más de 140.000 altas de trabajadores cada año y de estas se calcula
que como mínimo hay cerca de un 60% que “se quedan en el cajón” y ni siquiera
se evalúan, según fuentes de la gestión sanitaria.
El Gobierno
también podría estar estudiando acortar el plazo de diez días en los que los
médicos del sistema público deben contestar a las mutuas, aunque en este punto
hay problemas administrativos. También barajan, que la mutua pueda sustituir el
actual parte de confirmación de bajas cada siete días, por su propio calendario
de partes de confirmación en función de cada dolencia.
El mapa español de la incapacidad temporal –lo que se entiende por estar de baja médica en el trabajo– es muy desigual, según que comunidad autónoma se analice. Las estadísticas indican que cada mes se registran unos 300.000 procesos de baja. Esto se traduce en que por cada 1.000 trabajadores protegidos, suele haber una media de 22,25 de baja al mes. Este dato corresponde a lo ocurrido entre enero y marzo de este año, pero no varía mucho en el resto de los meses. Otra cosas es el detalle territorial. En concreto, hay siete comunidades que superan esa media. Navarra se sitúa en este periodo a la cabeza con un promedio de 39 bajas mensuales por mil trabajadores. Seguidamente se sitúan Cataluña (31) y el País Vasco (29). Así, en Navarra suele haber más del doble de personas de baja al mes que, por ejemplo en Extremadura, que es la comunidad con menos incidencia de la incapacidad temporal (11,4 trabajadores de baja por cada 1.000 protegidos).También hay grandes diferencias regionales en el tiempo medio de duración de las bajas. En este punto se produce una situación destacable: es precisamente en Extremadura –región con menos incidencia de bajas laborales– es donde éstas duran más: 53 días de media. Algo parecido pasa en Galicia, entre las comunidades con menos procesos de baja (16 por cada 1.000 protegidos) y donde más duran (51,6 días).Esto se reproduce de forma inversamente proporcional. Así en Navarra es donde más trabajadores se dan de baja pero con procesos más cortos (20,6 días de baja). En cuanto a los trabajadores gestionados por las mutuas, hay dos procesos de baja menos y también dos días menos de ausencia del trabajador, en comparación con el promedio del sistema.
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