Enfermedades Profesionales, la pandemia silente

Enfermedades Profesionales, la pandemia silente que todos debemos abordar

Las enfermedades profesionales son aquellas enfermedades adquiridas por los trabajadores y trabajadoras por causa directa de su trabajo. Su alta prevalencia (número de casos existentes diagnosticados) e incidencia (número de casos nuevos diagnosticados) constituyen un problema mundial que no ha sido reconocido formalmente, y que durante el año 2013 fue abordado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), definiéndola como “La Pandemia Silente”.

Según estimaciones de la OIT, de un total de 2,34 millones de muertes relacionadas al trabajo al año, 321.000 se deben a accidentes del trabajo y 2,02 millones a enfermedades relacionadas con el trabajo. Según esta estadística, a nivel mundial tendríamos un promedio diario de 5.500 muertes causadas por enfermedades laborales. Se estima además que existen 160 millones de trabajadores que sufren de enfermedades no mortales relacionadas al trabajo [1].

¿Qué es una enfermedad profesional?

Una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo relacionado con el trabajo. El reconocimiento del origen laboral de una enfermedad, a nivel individual, requiere que se establezca la relación causal entre la enfermedad y la exposición del trabajador a determinados agentes peligrosos en el lugar de trabajo. Esta relación suele establecerse sobre la base de datos clínicos y patológicos, historial profesional (anamnesis) y análisis del trabajo, identificación y evaluación de los riesgos del trabajo, así como de la comprobación de la exposición. Cuando se diagnostica clínicamente una enfermedad y se establece dicha relación causal, se considera entonces como enfermedad profesional.
(OIT, The prevention of occupational diseases) [1]

A pesar de esta estadística, tenemos que considerar que ésta no es la realidad completa, pues existe un subregistro de la cantidad de enfermedades profesionales, que puede ser explicado por múltiples factores:

1.    En el caso de Chile, la inexistencia de un capítulo docente dedicado a la Salud Ocupacional en las mallas curriculares de las carreras de la salud y la ausencia de una formación específica en postgrado en Medicina del Trabajo;

2.    La ignorancia lleva a un subdiagnóstico de las enfermedades profesionales por el desconocimiento de las patologías laborales, los factores de riesgo y condiciones asociadas al trabajo;

3.    Un sistema de registro deficitario de las enfermedades profesionales en algunos sistemas;

4.    La latencia prolongada entre la exposición laboral y la expresión de alguna de las enfermedades que dificulta establecer una relación causal directa y la existencia, a nivel mundial, de flujos migratorios de trabajadores;

5.    A nivel mundial, dificultades de índole político administrativo que no permite establecer comparaciones entre los distintos países y que está dado por las diversidad de definiciones de enfermedad profesional en legislaciones distintas, con sistemas que poseen coberturas diferentes, y la inclusión o exclusión de las patologías relacionadas con el trabajo y condiciones favorecedoras de enfermedades profesionales.[2]

6.    En Chile, existe un temor generalizado en algunos estamentos políticos del Estado, que consideran que el aumento en el costo económico de reconocer alguna nueva enfermedad profesional podría generar impacto en los medios productivos y organismos encargados de los mecanismos de compensación para los trabajadores y la trabajadoras que hayan adquirido una enfermedad profesional.

7.    La existencia de temor de los trabajadores y las trabajadoras frente al eventual despido por el reconocimiento de una enfermedad profesional que hace que se evite consultar en los organismos competentes.

8.    Por último, la existencia de un sector de trabajadores y trabajadoras que no se encuentran adscritos a los sistemas de protección social (trabajo informal) el que no es menor, ya que según la fuente, variará entre un 30% a un 50% de la fuerza laboral de Chile.

No obstante los problemas enumerados, debemos ser capaces de superarlos y la prevención de las enfermedades profesionales debe ser un tema importante en las agendas de todos los gobiernos, no solamente por el imperativo ético que implica el mantener sanos a los trabajadores y trabajadoras, sino que principalmente para el empresariado; pues los costos asociados al ausentismo laboral, compensaciones económicas por incapacidades y tratamientos no se supera incluyendo el gasto en el precio final del producto o servicio otorgado, ni considerándolo como un error del sistema, puesto que existen otras variables intangibles como la satisfacción laboral, la calidad de vida en el trabajo, que impactarán la imagen de la empresa a nivel nacional e internacional. Pero el principal responsable en la solución de este problema es el Estado, quien debe garantizar y velar por la protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Este rol no debe ser olvidado, así como su responsabilidad en fiscalizar a los organismos administradores de la ley 16.744 y las condiciones de trabajo. Solamente basta recordar el caso en Chile de la empresa Pizarreño y los casos de mesotelioma, que inicialmente no fueron acogidos por el Organismo Administrador de la Ley 16.744 y la falta de acuciosidad y el abandono de deberes del Organismo estatal con la responsabilidad de regular las condiciones de trabajo y fiscalizarlas, que culmina con la autoinmolación del dirigente sindical Eduardo Miño Pérez, el día 30 de Noviembre del año 2001, cuando se “quema a lo bonzo” y obliga a revisar y replantear la calificación de esta patología para actuar acorde al conocimiento técnico y mundial de ese momento.

En cuanto a la incidencia de las enfermedades profesionales en Chile, esta ha ido cambiando con el transcurso de los años. Según estadísticas de la Asociación Chilena de Seguridad, la mayor cantidad de casos diagnosticados y calificados como enfermedades profesionales en el año 2012 corresponden a trastornos musculoesqueléticos (44%) seguidas por el grupo de enfermedades profesionales por salud mental (19%) sobre un universo de 4.640 casos. Esto difiere del año 2001 donde la mayor cantidad de casos se concentraba en las disfonías, dermatitis e intoxicaciones laborales por agentes tóxicos e irritantes, sobre un universo de 1.671 casos.

Lo primero que llama la atención es que el total de enfermedades profesionales acogidas en estos dos periodos ha aumentado, lo que podría mal interpretarse y llevarnos a pensar que desde el año 2001 se enferman más trabajadores y trabajadoras, cuando en realidad lo que ocurre es que se reconocen más enfermedades profesionales. Esto es explicado en parte por la modificación al decreto supremo 594 realizada en el año 2005, que incluye agentes psicosociales y ergonómicos como agentes que causan enfermedades laborales y la aparición reciente de la normativa para los trastornos musculoesqueléticos y factores psicosociales por parte del MINSAL. En otras palabras, el Estado de Chile, desde el Ministerio de Salud, ha reconocido un problema y lo está abordando. Pero también se explica por un mayor conocimiento y conciencia de los trabajadores acerca de las condiciones ideales de sus lugares de trabajo, ya sea porque este conocimiento provenga de la acción sindical y la aplicación del “derecho a saber” o bien otorgado por el fácil acceso a la información que disponemos en la actualidad con la Internet.

Queda mucho por hacer en el ámbito del reconocimiento de las enfermedades profesionales, especialmente en el paradigma de la definición de enfermedad profesional, puesto que en patologías como las neurosis laborales o musculoesqueléticas, no existe la “unicausalidad”, como ocurre con sustancias tóxicas, sino que, estas nuevas enfermedades serían el resultado de la asociación de múltiples causas, también relacionadas directamente con el trabajo, las que generan y desarrollan el cuadro patológico y que muchas veces, estando presentes, no son registradas por las herramientas diagnósticas que disponemos.

Para superar este problema debemos utilizar criterios epidemiológicos, como por ejemplo el más simple, de agregación epidemiológica, es decir, que aunque no encontremos un riesgo formal con las herramientas de análisis ergonómico que poseemos para cada caso en forma individual, el solo hecho que alguna patología se concentre en determinados puestos de trabajo, y el trabajo sea el único factor en común entre los trabajadores y trabajadoras que sufran de esta enfermedad, debe obligar a que sea considerada como con causa del trabajo; en otras palabras, para una correcta calificación, se debe analizar el conjunto, la historia laboral del trabajador o la trabajadora y el ambiente laboral, ya no basta con solo mencionar a los agentes únicos, sino como se relacionan con el entorno o cómo se encuentra organizado el trabajo.

Pero tampoco, el hecho que haya variado la distribución de enfermedades laborales en estos 10 años en Chile, y que debamos cambiar algunos paradigmas de la calificación de enfermedades profesionales, implica que debamos olvidar los agentes de riesgo clásicos como sílice, plomo o el asbesto; que aunque parezca raro, en el caso del asbesto, aun lo podemos encontrar en construcciones antiguas como material aislante, en los techos de las viviendas humildes, en calderas; su remoción plantea un problema de higiene ambiental que debe ser abordado por la autoridad. Tampoco debemos olvidar a agentes sensibilizantes e irritantes para la piel y vías respiratorias que causan dermatitis y patología pulmonar, enfermedades que aun son relativamente frecuentes. Debemos trabajar en mantener y mejorar los programas de vigilancia de la salud para algunos de estos agentes y que estos programas sean realmente efectivos en el establecimiento de medidas de mitigación del riesgo y no solamente un registro de avance de daño de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

En síntesis, el tema de la salud ocupacional, es transversal a todos quienes trabajamos y debieran establecerse políticas preventivas en la empresa y una cultura del autocuidado que debiese ser inculcada desde las escuelas. Su implementación no es una tarea vertical, sino de cada uno de nosotros, que debemos cuidar y proteger nuestro estado de salud, estando correctamente informados de los riesgos a los que estamos expuestos en nuestros trabajos y conocer acerca de las medidas necesarias para mitigarlos, de no ser así, debemos exigirlo. Si esto lo unimos a políticas gubernamentales que favorezcan la prevención de las enfermedades y no la compensación del daño, junto a un fuerte aparato fiscalizador en el cumplimiento de ésta normativa, nuestra realidad sería otra y problemas como la hipoacusia, asbestosis, silicosis, asma por resinas epóxicas, solo por mencionar a algunas, serían temas que estudiaríamos como parte de la historia de la salud ocupacional.